Tras el Golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, el Gobierno Cívico-Militar limitó la participación electoral y regresó a un sistema de dominación política basado en el fraude. Aquí el decreto del golpista José Feliz Uriburu que veta a los candidatos de la Unión Cívica Radical.
Considerando: Que emanando de la
revolución los poderes del gobierno provisional, está éste en el deber de
cumplir su mandato hasta el fin.
Que el mayor peligro para el país
que se oponía a la realización conjunta el 8 de noviembre de las elecciones
presidenciales con las convocadas el 8 de mayo era el de que pudieran volver al
Gobierno, mediante maniobras, engaños y simulaciones, hechas para sorprender la
buena fe del electorado, los hombres que actuaron, sostuvieron y se
solidarizaron con el régimen depuesto el 6 de septiembre y que habían llevado a
la República al desprestigio y al borde de la ruina.
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Uriburu |
[…] Que la historia enseña que en
los grandes movimientos triunfantes por las armas y el apoyo popular, que
llevan consigo una transformación política y una depuración social es
indispensable impedir y se ha impedido en todos los casos que los elementos
constitutivos y factores principales del sistema que se destruyó sean conocidos
con personería jurídica para volver a ocupar posiciones que les permitan una
reacción a fin de reconstituir lo derrocado.
Así, en lo que respecta a nuestro
país, esa norma se ha cumplido y fue proclamada desde el decreto de 3 de
diciembre de 1810, que excluía de toda función pública, por enemigos de la
revolución, a los que no fueran criollos, hasta el veto con que el general
Mitre desde la presidencia de la República fulminara las candidaturas
“reaccionarias como la de Urquiza y Alberdi, a las de contrabando como la de
Adolfo Alsina”.
[…] Que además de la inhabilidad
constitucional del doctor Alvear para ser candidato a presidente median otros
hechos que ponen de manifiesto que su elección significaría una burla a nuestro
sistema republicano y la más inadmisible expresión del personalismo, de
oligarquía y de perpetuación en el poder que registra la historia de la
Argentina organizada. El año 1916 fue elegido el señor Yrigoyen; el año 1922 el
señor Yrigoyen entregó la presidencia a su correligionario el doctor Alvear; en
1928 el doctor Alvear devuelve la presidencia a su correligionario el señor
Yrigoyen, y ahora que éste fue derrocado por la revolución apoyada por el
pueblo, los correligionarios solidarizados con el señor Yrigoyen lo proclaman
de nuevo al doctor Alvear. Si esto último se admitiera y si el candidato
triunfara, habríase producido el caso más abusivo de personalismo oligárquico
con la perpetuación en el poder de dos personas durante veinte años, que se han
trasmitido sucesivamente el Gobierno. Eso repugna al sistema republicano, a la
democracia y a la Constitución Argentina.
Los considerandos expuestos y los
que fundamentan el acuerdo de 24 de julio de 1931, comprenden al doctor Güemes
por haberse solidarizado con el régimen depuesto, presidido con el doctor
Alvear la pretendida reorganización de los elementos derrocados por la
revolución y participado en actos tendientes a desvirtuar sus fines y anular
sus resultados.
Fuente
Tulio Halperín Donghi, La República imposible (1930 – 1945). Biblioteca del Pensamiento
Argentino V, Buenos Aires, EMECE, 2007.
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