En este editorial la revista británica "The Economist" analiza el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.
Título original "The End of Salvador Allende". 15 de Septiembre de 1973. The Economist.
La muerte transitoria de la democracia
en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece
claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que
constantemente atropellaron la Constitución.
El
Presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto
que se suicidó el martes. El bombardeo y asalto de su palacio
presidencial y la toma del poder por los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer gobierno
marxista libremente elegido en Occidente.
Y
la batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales
de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es
difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente
continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los
generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas
elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la
responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr.
Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una
estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición
perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales.
Lo
que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las
fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese
período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y
económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas
privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de
las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $ 1.000
millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12
meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y
trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus
sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer
interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que
encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento
huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas.
Pero
el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía.
Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que
sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó
la fe en las instituciones democráticas del país.
El
mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el
Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por
violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales
violaciones en un método permanente de conducta". El sentimiento de que
el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y
por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados
de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para
la guerra civil.
Las fuerzas
armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que
existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas
Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios
constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo
inconstitucional.
El detonante
para el golpe fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para
promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos
Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor
Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes
de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los
"autores intelectuales" del plan de amotinamiento de los marinos en
Valparaíso. Los comandantes de la Armada en Valparaíso iniciaron el
movimiento esta semana. Pero el rápido éxito del golpe y la
participación en él de todas las fuerzas armadas (incluyendo a los
Carabineros, entrenados militarmente) sugiere que los planes para el
golpe fueron cuidadosamente preparados. Todavía habrá que esperar para
comprobar que las fuerzas armadas continúan sólidamente unidas en su
oposición al derrocado gobierno. La desaparición de dos comandantes, el
Almirante Raúl Montero y el general Sepúlveda, comandante de
carabineros, quienes fueron reemplazados por sus subordinados
anti-marxistas, hace pensar que no todos los altos oficiales estaban a
favor del golpe.
El peligro real
de un derramamiento de sangre provendrá de unas fuerzas armadas
divididas, o si ocurrieran serios motines entre la tropa. Esto podría
producir una guerra civil. Puede esperarse una fuerte resistencia de los
comités de trabajadores y de las brigadas paramilitares que el Partido
Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria dirigen en
Santiago así como de grupos guerrilleros en el sur. Pero si no consiguen
apoyo militar significativo, estos grupos probablemente podrán ser
contenidos.
Cualquiera sea el
gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos
fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende
sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado. Pocas
personas creen que Chile pueda retornar a su forma tradicional de
administrar sus asuntos.
El
trabajo de reconstrucción costará un enorme sacrificio, de la misma
forma que ocurrió en Brasil cuando Roberto Campos era responsable de la
planificación económica durante los años posteriores al golpe de 1964.
Esto no significa que Chile se convertirá en otro Brasil. Por una parte,
Chile es probablemente un lugar menos violento --aún en estos
momentos-- que Brasil y, por otra, los generales chilenos tienen una
concepción bien distinta de su rol comparada con aquella de los
generales que apoyan al señor Campos. Ellos aceptan que es demasiado
tarde para revertir muchos de los cambios impuestos por el Dr. Allende;
por ejemplo, en su intento por reconstruir el sector privado, ellos
pondrán más énfasis en traer de regreso a los inversionistas extranjeros
y en crear nuevas industrias que en devolver lo que fue expropiado.
El
General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de
nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer
que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente
para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes
tratativas con Chile.
El gobierno
militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará
reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó.
Esto
significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual
será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable.
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